Estado chileno intensifica la persecución jurídica contra líderes Mapuche
La criminalización de la resistencia del pueblo indígena Mapuche por parte del Estado chileno cobró nuevos tintes en junio, marcada por procesos judiciales y condenas desproporcionadas contra sus líderes.
A finales de junio, cuatro miembros de la CAM (Coordinadora Arauco-Malleco) enfrentan la posibilidad de penas que varían entre los 70 y los 100 años de prisión.
El veredicto oficial contra los militantes Luis Menares, Jorge Cañiupil, Juan Carlos Mardones y Pelentaro Llaitu está previsto para el próximo día 13. Sin embargo, los mecanismos de la justicia burguesa para asegurar el castigo ya son evidentes.
Maniobras judiciales y el papel de los "testigos secretos"
Para blindar las operaciones de la multinacional canadiense Hancock en territorio indígena, el tribunal adoptó el recurso de "testigos protegidos", cuyos testimonios no pueden ser cuestionados ni confrontados por los abogados de defensa de los Mapuche.
Los relatos de estos testigos anónimos llegan a los expedientes en formato impreso o a través de audios con distorsión de voz, imposibilitando cualquier identificación. De acuerdo con las denuncias de las comunidades, este formato abre una brecha peligrosa para la falsificación de pruebas.
En un posicionamento público, la CAM repudió el avance de las investigaciones:
“Evidenciamos cómo este proceso fue conducido de manera tendenciosa y racista, el cual no contó con ninguna prueba que nos vinculase, así como también ocurrió la utilización de testigos secretos que, a fin de cuentas, ni siquiera declararon ante el tribunal.”
Entienda el Caso Lautaro
La base para la condena de los activistas se remonta al llamado Caso Lautaro, un proceso de fuerte impacto público iniciado en 2022, bautizado en referencia a la comuna del sur de Chile donde habrían ocurrido los hechos investigados.
La Fiscalía chilena imputa al grupo delitos como incendio reiterado, robo, hurto, secuestro y porte ilegal de armamento. En la realidad, la acción jurídica funciona como un desdoblamiento de la disputa histórica que contrapone al aparato estatal, el sector maderero y las poblaciones originarias.
Sumándose al uso de testimonios ocultos, el Poder Judicial presionó por el veredicto condenatorio incluso ante la ausencia de evidencias materiales sólidas que asociaran a los imputados con los delitos.
La conducta del colegiado de jueces en Temuco también es objeto de impugnación por parte de organizaciones de derechos humanos. Uno de los magistrados del caso, Jorge González Salazar, posee un historial controvertido, habiendo sido cuestionado anteriormente por aplicar la severa Ley Antiterrorista contra líderes del movimiento Mapuche.
La resistencia mapuche contra el extractivismo y la represión estatal
La lucha del pueblo Mapuche en Chile (Gulumapu) y en Argentina (Puelmapu) es uno de los principales frentes contra el capitalismo extractivista y el colonialismo de Estado en América Latina.
Lo que la historia oficial llamó "pacificación" fue, en realidad, un genocidio militar para usurpar tierras ancestrales. Hoy, esa ofensiva persiste por medio de la criminalización sistemática de los líderes que defienden el territorio.
El cárcel político como estrategia
La prisión de líderes en cárceles de máxima seguridad es una decisión política deliberada. El Estado utiliza la prisión para aislar a los activistas, sembrar el miedo y desviar la movilización territorial hacia el campo jurídico. Enmarcar este conflicto histórico como "terrorismo" o delito común es un intento de deslegitimar el derecho a la autonomía indígena.
Territorio contra el capital
En el centro del conflicto existe el choque entre dos visiones del mundo. Por un lado, el Estado y las transnacionales tratan la tierra como mercancía para el agronegocio forestal, el fracking y la minería.
Por el otro, para los Mapuche, el territorio (Wallmapu) es el espacio vital de su identidad. La recuperación de tierras interrumpe la lógica capitalista para restaurar el equilibrio con la naturaleza, teniendo como objetivos a las corporaciones y a los latifundistas.
Autonomía e identidad
La verdadera emancipación exige romper con el "estatismo" —la dependencia de subsidios gubernamentales que mantienen a los pueblos sumisos—. La autonomía presupone la libre determinación, la recuperación de la lengua (Mapuzungun) y de la espiritualidad, superando las fronteras artificiales impuestas por los Estados nacionales.
Unidad y solidaridad de clase
Ya sea en las comunidades rurales o en las periferias urbanas derivadas del éxodo forzado, la identidad Mapuche unifica al pueblo en un proyecto de liberación. Esta causa se conecta directamente con la lucha de la clase trabajadora, pues ambas enfrentan el mismo modelo de expoliación.
Para la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas, el apoyo internacionalista es un deber de clase. No se puede tolerar presos políticos bajo democracias que sirven únicamente al capital. La resistencia en el Wallmapu demuestra que el futuro depende del enfrentamiento al extractivismo.
