Solidaridad con Edwin Bedoya (presidente de la CEDOCUT y del FUT) y con los responsables de la Conaie y del Cabildo del Agua.

Nuestra organizaciones se solidarizan profundamente con la lucha emprendida por el pueblo ecuatoriano, por los indígenas, los trabajadores, los estudiantes, las mujeres y por amplisos sectores de la población que se han puesto de pie en defensa de su dignidad para hacer frente al gobierno oligárquico de Daniel Noboa.

Es un gobierno que, de acuerdo con el FMI, reduce la inversión social, llevando a la crisis la salud pública; que, para equilibrar las cuentas públicas, despide trabajadores del Estado, prepara privatizaciones del petróleo, la energía y la seguridad social, profundiza el extractivismo, aumenta el precio de los combustibles y contrata nueva deuda externa.

Es un gobierno que utiliza el miedo de la población a la violencia del narcotráfico como justificación para militarizar el país y para emprender la vigilancia y el espionaje sobre las organizaciones sociales.

Y es un gobierno que concentra todo el poder en el Ejecutivo y en el presidente y que, para hacerlo no ha dudado en destituir a la vicepresidenta de su primer mandato, en amenazar y presionar a la Corte Constitucional y al Consejo Nacional Electoral; y que controla la Asamblea gracias a asambleístas tránsfugas que abandonaron las tiendas por las que fueron elegidos.

Por fin, el presidente busca convocar a una Asamblea Constituyente para arrasar con los derechos reconocidos por la Constitución de 2008: los derechos de la naturaleza, la plurinacionalidad y los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres y de los trabajadores. Las movilizaciones recientes se iniciaron en respuesta al incremento del precio del diesel, pero es mucho más lo que está en juego.

Por eso la lucha del pueblo ecuatoriano es justa y es legítima: es una lucha en defensa del agua y de la naturaleza, en defensa de la democracia, en contra de la precarización de la vida y del trabajo.

Pero, en vez de atender la voz del pueblo, Noboa refuerza el carácter represivo y autoritario de su régimen. Apenas se habían anunciado las protestas indígenas cuando el presidente amenazó con “denunciarlos por terrorismo” y enviarlos “30 años presos a la cárcel”. Con las primeras movilizaciones, Noboa dijo que “no es protesta, son actos de terrorismo”, que se trataba “de la misma mafia de siempre” y que las manifestaciones estaban financiadas por laminería ilegal y los carteles del narcotráfico.

Las movilizaciones han sido reprimidas con dureza y el ejército incluso ha allanado viviendas en comunidades indígenas para apresar jóvenes. Otras personas han sido detenidas sin estar participando en las protestas. Entre los detenidos se encuentran 12 jóvenes indígenas otavaleños que fueron arbitrariamente trasladados a cárceles de Esmeraldas y Portoviejo donde pocas horas entes se produjo una nueva masacre que dejó una treintena de muertos; al trasladarlos a esas prisiones, el gobierno pone en peligro la vida de esos jóvenes luchadores.

Enseguida ordenó bloquear las cuentas bancarias de dirigentes de la CONAIE y del Cabildo del Agua de Cuenca. Al mismo tiempo, inició la persecución a través de la Fiscalía. En estos días, la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional : “Solicitar información” a Edwin Bedoya, presidente del FUT (Frente Unitario de los Trabajadores) y de la CEDOCUT (Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas por la Unidad de los Trabajadores), a Andrés Quishpe, presidente de la UNE (Unión Nacional de Educadores), a Gary Esparza, presidente de la FENOCIN (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras), Nery Padilla, presidente de la FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador).

Al mismo tiempo, la Fiscalía inicia una indagación “por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado” a 58 activistas y dirigentes de la Conaie, del Frente Nacional Antiminero y de varias otras organizaciones sociales y ONG ambientalistas vinculadas a los movimientos sociales.

También Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, ex presidente de la CONAIE, y Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachakutik, fueron acusados en la Fiscalía de la ciudad de Riobamba por organizar el paro. Al mismo tiempo, se censura a medios de comunicación comunitarios, como la televisora del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

Nuestra organización se solidariza plenamente con los dirigentes perseguidos, con las organizaciones sometidas a espionaje y con todos los detenidos. Permaneceremos atentos a su situación.

¡Viva la lucha de los pueblos del mundo!