Entre la catástrofe y la indolencia

Los venezolanos atravesamos una de las horas más amargas y aciagas de los últimos tiempos. La naturaleza embravecida ha traído muerte, destrucción y desolación, especialmente a los habitantes de La Guaira y del área capitalina. A la gigantesca fuerza natural desatada se han unido varios factores que hicieron aún más graves las consecuencias de los movimientos telúricos. Los millares de fallecidos, otros tantos desaparecidos y de viviendas destruidas han dejado al descubierto las fallas constructivas y la inobservancia de las advertencias que, desde hace décadas, vienen haciendo los expertos en sismología. De por medio han estado el excesivo afán de lucro y las ganancias rápidas de los inversionistas, priorizados por encima de la protección de la vida. Asimismo, quedó en evidencia la corrupción en los organismos estatales correspondientes mediante la concesión irregular de permisos habitacionales. 

Sin embargo, algo que todos hemos visto con asombro, dolor e indignación es la actitud indolente e inhumana, el retardo y la inacción que mostraron las instituciones del gobierno —por no decir el Estado en su totalidad—. En los momentos de mayor urgencia —que a casi un mes de los sismos aún persiste— brillaron por su ausencia los órganos de gobierno, la Fuerza Armada y los cuerpos de Protección Civil, entre otros; entes a los cuales correspondía actuar con rapidez, pericia y las herramientas adecuadas para salvar vidas. La ciudadanía asumió —y sigue asumiendo— el rescate de personas y la atención a las víctimas y damnificados sin las condiciones ni los instrumentos requeridos. La participación de grupos de rescate, sumada a la generosa solidaridad de otras naciones, mitigó el descalabro de un gobierno que terminó convirtiéndose en un obstáculo para la acción urgente que exigía la magnitud del desastre.
Los trabajadores, sindicalistas y gremialistas articulados en el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNC-TL) hemos hecho un alto momentáneo en nuestras luchas por el respeto a los derechos laborales para acompañar las labores de rescate, auxilio y solidaridad. Hemos apoyado en los centros de acopio, en la atención a los damnificados y en el acompañamiento ante tanta desolación, sin dejar de mencionar que muchos de nuestros compañeros han sufrido directamente los embates de esta catástrofe, enfrentando la pérdida de familiares y la destrucción de sus hogares.

No obstante, ahora nos corresponde arreciar nuestras acciones en defensa del salario, las pensiones, la seguridad social y las condiciones de salud en el trabajo. Estos esfuerzos se vinculan directamente con la lucha por la vida y la reconstrucción de nuestra sociedad; no solo para encarar los estragos de los sismos, sino también para hacer frente a la destrucción de nuestras industrias, del sistema educativo y de la salud pública, así como al deterioro de servicios básicos como el agua, la electricidad y el transporte.

El proceso de reconstrucción de nuestra vida social pasa necesariamente por enfrentar las perversas intenciones de los inversionistas —tanto nacionales como extranjeros— que pretenden que sigamos siendo los trabajadores quienes aportemos los mayores sacrificios ante la crisis. Escudándose en la emergencia humanitaria, intentan legalizar la desaparición del salario y la pérdida de los ya vulnerados derechos a la seguridad social, a la contratación colectiva, a la libertad sindical y a pensiones ajustadas a las normas constitucionales y legales.

A esta tragedia provocada por las fuerzas incontrolables de la naturaleza se le suma el agravamiento de los problemas económicos y sociales: el aumento incesante del costo de la vida, la pérdida progresiva del poder adquisitivo y la virtual desaparición del sistema de salud pública. Para colmo, el empresariado, en estrecha alianza con este gobierno antipopular, pretende aprovechar esta difícil coyuntura para modificar las leyes que amparan el trabajo.
Por último, pero no por ello menos importante, padecemos la continuidad de un gobierno que, además de carecer de legitimidad constitucional, legal y de respaldo popular, ha entregado nuestra soberanía de manera vergonzosa a los designios de un gobierno extranjero que solo defiende sus propios intereses económicos y no tiene interés alguno en abrir caminos hacia los cambios democráticos y de libertad que exige a gritos nuestra población.

Nunca como ahora ha sido más acertado el dicho popular:  “Solo el pueblo salva al pueblo”. Por ello, llamamos a todo el pueblo —trabajadores, campesinos, profesionales, universitarios, pensionados y jubilados— a fortalecer la unidad y la solidaridad demostradas en estas terribles circunstancias. Consolidemos nuestras organizaciones de lucha: sindicatos, gremios, colegios profesionales, academias, federaciones estudiantiles y consejos comunales.

Hagamos de la solidaridad una práctica orgánica permanente para enfrentar juntos las calamidades económicas, sociales y culturales. 

¡Luchamos por la vida! 

¡Salario, democracia y libertad! 

Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha 

Caracas, 23 de julio de 2026