Huelgas y manifestaciones en Bolivia

El 8 de noviembre de 2025, Rodrigo Paz asumió el cargo de presidente de Bolivia. Fue elegido como «el mal menor», pero detrás de este señor no había nada: ni partido político, ni programa, ni apoyo popular. Muy pronto adoptó medidas impopulares. El 17 de diciembre anunció el «decreto supremo» 5503. La principal medida fue la supresión de los subsidios a los combustibles, que llevaban veinte años en vigor. El decreto también otorgaba más poderes al Banco Central con el fin de obtener nuevas líneas de financiación internacional, la liberalización del mercado energético, la implantación del sistema Fast Track para facilitar las inversiones extranjeras… el inicio de la privatización de la salud, la educación y los servicios públicos. También atacó las pensiones, abrió el país al extractivismo, etc. Todo ello en un contexto de inflación muy elevada y salarios bajos, en una economía donde el trabajo informal supera el 80 %.

Estas nuevas leyes gravan menos a los ricos y empobrecen aún más a los pobres. Las medidas compensatorias anunciadas (la promesa de un aumento salarial de alrededor del 20 %) distaban mucho de satisfacer las necesidades de la población, sobre todo porque se negaba a retirar el decreto en cuestión. La población sufrió una pérdida del 30 % de su poder adquisitivo.

A continuación, el Gobierno suministró combustible de mala calidad a la población, lo que provocó averías que obligaron a los conductores a desembolsar más de 1000 dólares para reparar sus vehículos. Por no hablar del intento de derogar la Ley 1720 con el fin de comercializar las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), a las que los campesinos bolivianos conceden gran importancia. Se trata de una ley histórica que defiende estas tierras. También ha habido racismo por parte del Gobierno hacia el pueblo indígena. Desde el inicio del levantamiento, las fuerzas gubernamentales reaccionaron maltratando especialmente a las mujeres indígenas y a las personas mayores.

La respuesta sindical y popular fue inmediata. Se ha visto una demostración de fuerza de los movimientos sociales de las llanuras y de la Amazonía. Los mineros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) se declararon en huelga el 19 de diciembre, exigiendo la derogación del decreto 5503 que «solo beneficia a unos pocos sectores», según Andrés Paye, secretario ejecutivo de la FSTMB. La FSTMB anunció el bloqueo de carreteras y llevó la medida ante la Central Obrera Boliviana (COB). Así comenzó la huelga nacional el 22 de diciembre. La COB exigía la retirada total del decreto 5503 y el restablecimiento de los subsidios a los combustibles. Rechazaba cualquier negociación mientras dicho decreto permaneciera en vigor.

A raíz de acuerdos parciales con cooperativas mineras (Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, FENCOMIN) con la promesa de diálogo por parte del Gobierno y concesiones parciales a las organizaciones de transporte, por un lado, y, por otro, la decisión de algunas organizaciones campesinas de levantar algunos cortes de carretera para facilitar los desplazamientos durante las fiestas de fin de año, la huelga perdió entonces su impulso.

Pero la oligarquía boliviana exigió más represión contra el pueblo. Más recientemente, el movimiento se ha endurecido, tras la declaración del estado de emergencia en el país. La población se declaraba dispuesta a tomar los cuarteles y las comisarías, y ya lo ha hecho en una región. Utilizan dinamita y diversos explosivos para oponerse a las fuerzas del orden y al ejército. Los camioneros en huelga indefinida incluso han intentado asaltar las sedes de los sindicatos corruptos, que estaban protegidas por la policía.

La población debe defenderse de la policía, del ejército y de los fascistas.

Al mismo tiempo que mantienen o refuerzan los cortes de carretera, ellos y, sobre todo, ellas se encargan de garantizar el abastecimiento de alimentos para la población. Las mujeres desempeñan un papel muy importante en esta insurrección. Tras la detención, el 3 de junio, de Justino Apaz, líder de uno de los Comités de Autoorganización de El Alto (Cabildo) y de la FEJUVE (organización que agrupa a cerca de 600 consejos vecinales que proporcionan servicios públicos, infraestructuras y empleo a los habitantes de El Alto), y ante el nombramiento de un nuevo ministro de Defensa más radical, vinculado a Trump y a la extrema derecha, y por lo tanto ante la amenaza de un golpe de fuerza militar contra el levantamiento popular que parece concretarse, las mujeres de la  Confederación de Campesinas Quechuas —y muchas otras comunidades indígenas— se han armado con los medios a su alcance (palos, estacas afiladas, fusiles…) y han declarado que no tienen miedo a morir.

Por su parte, la asociación de madres de Bolivia, que se manifiesta masivamente en La Paz, ha llamado a sus hijos que sirven en el ejército a unirse a la insurrección en caso de intervención militar.
El «Cabildo» (Consejo) está asumiendo poco a poco el liderazgo del movimiento nacional, adelantándose a la COB. Se apoya y refleja los múltiples comités de autoorganización que se están creando por todas partes, en particular en torno a los 90 a 130 puntos de bloqueo que hay en este momento.

La Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas reafirma su apoyo a la lucha de los pueblos de Bolivia. Damos a conocer la situación sobre el terreno, las acciones sindicales y populares que se están llevando a cabo, y la represión que se está ejerciendo para intentar aplastar el movimiento. Los compañeros que se encuentran allí nos transmiten la información; ¡la primera forma de solidaridad es difundirla en cada uno de nuestros países!